Los estafadores y delincuentes del ciberespacio suelen utilizar cibercamellos para obtener el dinero de sus delitos y blanquearlo. Para ello, utilizan las cuentas de terceros que reciben en capital en su cuenta y después lo remiten a traves de agencias de envío de dinero fuera de nuestras fronteras. CUIDADO. Si alguien te propone que te va a enviar un dinero a tu cuenta y que luego se lo remitas a través de una agencia de envío de dinero fuera de España a cambio de una comisión, es muy posible que ese dinero sea fruto de un delito y que al final el cibercamello sea el que acabe siendo acusado de estafa o blanqueo de capital.
Es el caso de varios de mis clientes que afortunadamente he conseguido que salgan absueltos como es el caso de la presente sentencia.
SENTENCIA 63/2024
En Zaragoza a 19 de febrero de 2024
Vista en Juicio Oral y Público ante el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza, , la presente causa procedente del Juzgado de Instrucción nº 10 de Zaragoza, dimanante de su Procedimiento Abreviado 2317/2022 y seguida en este Juzgado con el nº 53/23 por un delito de ESTAFA contra XXXXXXX, con NIE XXXXXXX, mayor de edad, sin antecedentes penales, defendido por el Letrado Sr. Bayod Gotor y representado por el Procurador Sr. XXXXXX, con intervención del Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública, procede dictar la presente sentencia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. – La presente causa se inició en virtud de denuncia interpuesta por XXXXXXX en atestado de Policía Nacional nº 2827/2022 por la presunta comisión de un delito de estafa, repartido al Juzgado de Instrucción nº 10, donde se incoaron Diligencias Previas y remitidas las actuaciones a este Juzgado de lo Penal se registró el presente Procedimiento Abreviado, celebrándose el Juicio Oral el día 30 de enero de 2024 con el resultado que obra en el soporte audiovisual levantado al efecto.
SEGUNDO. – Abierto dicho acto, en presencia del acusado, y practicadas las pruebas propuestas y admitidas, el Ministerio Fiscal elevó a definitivo su escrito de conclusiones provisionales, en los siguientes términos: Los hechos relatados son constitutivos de: a) un delito de estafa del Art. 248.2 a) y 249 del Código Penal, o subsidiariamente de b) un delito de blanqueo de capitales por imprudencia del art, 301.1 y 3 del Código Penal. De dichos delitos es responsable en concepto de autor el acusado, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Corresponde imponer al acusado Por el delito a) la pena de 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Pago de las costas procesales; o subsidiariamente por el delito b) la pena de 9 meses de prisión, multa de 2000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Pago de las costas procesales;
La defensa se ratificó en su escrito de conclusiones e interesó la libre absolución de su defendido. Concedida la última palabra al acusado se declaró el juicio visto para sentencia.
HECHOS PROBADOS
D. XXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana, desde que llegó a España enviaba periódicamente dinero a sus padres, que seguían residiendo en aquel país, haciéndolo a través de un locutorio de su ciudad de residencia, desde donde se remitía el dinero a una persona residente en Colombia, quien a través de un familiar hacía llegar el dinero en efectivo a los padres del acusado.
En un momento dado, esta última persona le pidió a XXXXX que recibiera una cantidad de dinero en su cuenta y se la hiciera llegar y XXXXXX, creyendo hacer un favor a quien a su vez le hacía a él el favor de entregar el dinero que enviaba a sus padres, aceptó recibir ese dinero, que resultó ser una transferencia de 1.000 euros que procedían de XXXXXXX , a quien con engaño y a través de internet le habían hecho creer que estaba comprando una mesa de mezclas por dicho importe.
Recibido el dinero en la cuenta de XXXXXX, este realizó dos envíos a través de la plataforma Bizum a una cuenta de Bancolombia por importes de 500 y 450 euros, quedándose con 50 euros en concepto de comisión. Una vez que supo que su cuenta había sido bloqueada por tener movimientos de dinero sospechosos, XXXXX devolvió la totalidad del dinero a XXXXXXXX, quien nada reclama.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. – Se formula acusación contra XXXXXXXXX como autor de un delito de estafa o subsidiariamente de blanqueo de capitales por imprudencia, pero las pruebas practicadas en la vista, con arreglo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, valoradas en conciencia y conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con el artículo 741 de la LECrim, no permiten llegar a esa conclusión.
El delito de estafa informática denominada coloquialmente «Phising» o «Phishing», tal y como así lo recoge nuestra jurisprudencia, consta de dos fases: por un lado, la obtención de forma engañosa de claves de Internet y la realización de una transferencia no consentida por el titular de la cuenta ordenante; y una segunda fase, que consiste en el ofrecimiento de una cuenta «mula» a la que se transfieren las cantidades fraudulentamente obtenidas y la posterior retirada de las mismas. Esta última fase, contrariamente a lo que se sugiere en los recursos sobre la consideración de la misma como “agotamiento” del delito, es absolutamente necesaria para la consumación del mismo, puesto que sin la intervención de la cuenta destinataria no se podría llevar a cabo la estafa.
Desde la STS de 2-12-2014 se viene señalando que “el conocido como fraude informático está previsto como una modalidad de estafa con configuración propia, que no responde a la estructura tradicional de aquella. Es un tipo a través del que se pretende proteger el patrimonio de los ataques que propician las nuevas tecnologías y cuyo eje lo constituye lo que el Código describe como ‘manipulación informática o artificio semejante’. Son éstos los que han de ser idóneos para conseguir esa transferencia inconsentida de un activo patrimonial, que integra el acto de disposición que provoca el enriquecimiento que el autor persigue. A diferencia de lo que ocurre respecto a la estafa prevista en el artículo 248.1, el engaño ya no es un elemento básico ni es de imprescindible presencia. Se ha visto sustituido en esa función por los artificios prohibidos. En palabras de la STS de 12-6-2007, no es precisa la concurrencia de engaño alguno por el estafador, porque el acecho a patrimonios ajenos realizados mediante manipulaciones informáticas actúa con automatismo en perjuicio de tercero, precisamente porque existe la manipulación informática y por ello no se exige el engaño personal».
Y en cuanto a su discutida consideración como delito de estafa o de blanqueo de capitales, la jurisprudencia más reciente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha perfilado aún más la figura de los «muleros bancarios».
Así, en la STS núm. 51/2020, de 17 de febrero, la Sala concluye que la aplicación del tipo imprudente de blanqueo de capitales gravita sobre un hecho base: el desconocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. Pero cuando el acusado conoce la ilicitud de tal procedencia y además se queda con el dinero transferido fraudulentamente, estamos siempre ante un delito de estafa. Con cita de la STS núm. 533/2007, de 12 de junio, recuerda la Sala que la ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye la culpabilidad de los «muleros», porque fueron conscientes de la antijuridicidad de su conducta, prestando su conformidad con un evidente ánimo de enriquecimiento, ya supieran, no quisieran saber -ignorancia deliberada-, o les fuera indiferente el origen del dinero que en cantidad tan relevante recibieron. Lo relevante es que se beneficiaron con todo, o, más probablemente, en parte como “pago” de sus servicios, es obvio que prestaron su colaboración eficiente y causalmente relevante en una actividad antijurídica con pleno conocimiento y cobrando por ello. Se trataría de una cooperación necesaria (STS de 28-5-2010).
Por su parte, la STS núm. 253/2020, de 27 de mayo recuerda que “ofrecer un medio de recepción del dinero es una aportación importante para el delito de estafa, la recepción del dinero desplazado por el engaño, al tiempo que establece un elemento de dificultad en la identificación del delito, de su persecución y de los autores. El conocimiento de los hechos de la estafa, como elemento subjetivo, se infiere con racionalidad de los hechos externos realizados por el recurrente quien recibe una cantidad importante económica de una fuente, para él desconocida, y dispone de la cantidad indebidamente realizada. Deducir de esa conducta un conocimiento de los hechos que dan lugar a la tipicidad de la estafa, y la colaboración con el artificio, es razonable «.
Por lo que se refiere al delito del art. 301 CP, este sanciona como responsable del delito de blanqueo a quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Pues bien, a la hora de aplicar la modalidad culposa del delito de blanqueo de capitales hay que tener en cuenta que, como recoge la STS 506/2015, de 27 de julio, ha de estimarse que actúa imprudentemente quien ignora el origen ilícito de los bienes por haber incumplido el deber objetivo de cuidado que impone el art. 301.3 del CP. En efecto, es ampliamente mayoritaria tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la conclusión de que la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes (SSTS 286/2015, de 19 de mayo; 412/2014 de 20 de mayo; 1257/2009, de 2 de diciembre; 1025/2009, de 22 de octubre; 16/2009, de 27 de enero; 960/2008, de 26 de diciembre y 1034/2005, de 14 de septiembre). Es, por tanto, la conciencia del origen ilícito de los bienes el ser de esta modalidad delictiva. En el ámbito de la imprudencia «todos los supuestos en los que el agente actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia y de evitar la conducta blanqueadora sólo con haber observado la más elemental cautela, es decir sus deberes de cuidado.” (STS 506/2015).
Con respecto a la modalidad culposa del art. 301.3 del CP, la STS 412/2014 de 20 de mayo recoge textualmente: «el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida. Es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquéllos procedan».
SEGUNDO. – En el presente caso, el denunciante explicó en la vista que es de nacionalidad venezolana y sus padres estaban en su país y él les mandaba dinero a través de un conocido, porque no es posible el envío directo a Venezuela, de modo que él enviaba el dinero a esta persona a Colombia y este se encargaba de hacérselo llegar a sus padres; que conoció a ese chico, llamado XXXXXX a través del locutorio donde hacía las entregas de dinero y que sus padres dependían de él por completo, que XXXXX le pidió el favor de que recibiera un dinero y se lo enviase por el mismo medio y no le pareció extraño, puesto que llevaba utilizando esa forma de hacer llegar dinero a sus padres mucho tiempo, que le hizo dos Bizum y, puesto que XXXXX se quedaba una comisión del dinero que él enviaba, le pareció que también podía hacerlo y se quedó 50 euros, que días después le avisaron del banco que le habían bloqueado la cuenta por la existencia de movimientos sospechosos y fue al banco a preguntar y entonces le explicaron que ese dinero podía proceder de una estafa y que lo mejor era que devolviera el dinero, que se puso en contacto con XXXXXXX y se lo dijo y este le devolvió 350 euros y que él devolvió la totalidad del dinero (algo que ratificó el denunciante, XXXXX, quien explicó que había recuperado todo el dinero).
La declaración del acusado viene corroborada por la de su padre, XXXXX, quien declaró que llegó a España el 5 de junio de 2023 por arraigo familiar, pero que hasta que pudieron venir su hijo les mandaba dinero y que lo tenía que hacer a través de Colombia, dada la situación política de su país, que lo enviaba a un chico a Colombia, que este cambiaba los dólares a pesos y se lo hacía llegar a su padre, que residía en su mismo pueblo, y este último se lo entregaba a ellos. Y en cierto modo, también declaró en apoyo de esa tesis el agente del CNP 85.667, pues explicó este agente que siguieron el rastro del dinero y comprobaron que el acusado había realizado dos Bizum a John Jairo, que es el titular de un locutorio, que suele recibir y enviar dinero a Colombia o a Venezuela a través de Western Union, que para hacer llegar dinero a Venezuela es práctica común enviar el dinero a Colombia y desde allí se hace llegar a Venezuela en efectivo y que, lógicamente, quienes reciben el dinero en Colombia cobran una comisión por sus servicios y no sería extraño que le hubiesen pedido un favor a XXXXXX.
En estas circunstancias, no cabe calificar la conducta del acusado como de imprudencia grave, que es equivalente a “temeraria”, y que define la jurisprudencia como la de quien se encontraba en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia del dinero y de evitar la conducta blanqueadora sólo con haber observado la más elemental cautela, pues no parece que sea el caso, en el marco de la actuación del acusado, que también debía sortear dificultades para hacer llegar el dinero a sus familiares residentes en Venezuela, entregándolo a personas de un tercer país, de modo que es razonable creer que no le pareció extraño que quien le estaba haciendo ese favor le pidiera a su vez que recibiera un dinero y se lo hiciera llegar, sobre todo teniendo en cuenta que, una vez que supo que su cuenta había sido bloqueada, el acusado se preocupó de devolver el dinero incluso antes de ser llamado por la policía y que se trata de una persona que desde el año 2019 acredita haber tenido trabajo en España de forma continuada.
Procede, por todo ello, dictar sentencia absolutoria.
TERCERO. – Las costas se declaran de oficio, conforme a los arts. 123 CP y 240 LECrim.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A XXXXXXXXX de los delitos de estafa o de blanqueo de capitales por imprudencia grave por los que venía acusado en esta causa, con declaración de oficio de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, haciéndoles saber que la presente resolución no es firme y contra la misma podrá interponerse ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de DIEZ días cuya resolución corresponderá a la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa, lo pronuncio, mando y firmo.

